Moliner tiene que dimitir

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Que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, se descuelgue con la afirmación de que «los escraches, en tanto no sean violentos, y no lo son, son un ejemplo de la libertad de manifestación» es tan grave que no puede quedar en una anécdota.

Que este señor, que ocupa una de las más altas magistraturas del Estado y la más alta en el Poder Judicial, haya hecho esta afirmación demuestra que no siente ningún respeto por el Estado de Derecho. Y esto conduce inevitablemente a la necesidad de que abandone la alta responsabilidad que le ha sido encomendada y deje el puesto a alguien que sepa qué es eso que llaman «escrache», que no haya perdido el sentido común y, sobre todo, que tenga claro qué es un Estado de Derecho, y cómo eso, el Estado de Derecho, es un logro de la civilización occidental. 

Es muy importante saber lo que quieren decir las palabras y cómo son utilizadas. Porque la utilización y la manipulación de las palabras nos ofrece pistas muy seguras acerca de las secretas intenciones de los que las utilizan y manipulan. Y utilizar el palabro «escrache» es un evidente intento de llamar de una forma nueva, que suena algo exótica y hasta curiosa y divertida, a algo muy viejo y que sabemos muy bien qué es. Algo que, si lo llamáramos por su auténtico nombre, no nos resultaría ni exótico, ni curioso, ni simpático ni divertido.

Porque lo que la práctica de este fenómeno nuevo nos ha demostrado es que el auténtico nombre de eso, del «escrache», sería «acoso violento con gestos obscenos, palabras insultantes y actos amenazadores al que se somete a algunos legítimos representantes políticos de los ciudadanos, a sus familiares y a sus bienes y viviendas, invadiendo su intimidad y poniendo en riesgo su seguridad presente y futura». Nada más y nada menos, así de simple. Y que un «escrache» es esto lo tenía que saber el señor Moliner y, si no lo sabe, tendría que haberse informado antes de utilizar la palabrita, antes de sentar cátedra. Porque cuando se es el presidente del Supremo, cuando se habla, se sienta cátedra. Otra cosa que parece ignorar este señor.

Si interpretamos con benevolencia sus comprensivas palabras hacia los acosadores de la intimidad de los políticos (del Partido Popular, por supuesto), podríamos pensar que el único límite que pone el señor Moliner a estos acosos sería el de la agresión física con resultado de lesiones. Y que todo lo que antecede a esa agresión física no hay por qué considerarlo violencia. Esto sería tanto como considerar que se pueden permitir la persecución constante, los gestos obscenos y las palabras soeces y procaces dirigidas a una mujer y que sólo podríamos hablar de violencia y acoso sexuales cuando se consuma la violación. Pues no, señor Moliner. Acoso sexual violento, intolerable y punible son los gestos obscenos y las palabras soeces, igual que son violentos, intolerables y perseguibles los gritos a la puerta del piso de un diputado o el empapelamiento de su vivienda particular.

Y si usted no lo cree así, póngase en situación y piense qué le parecería que identificaran su domicilio particular (en un momento en el que en España, aunque debilitada, sigue activa una banda terrorista), se lo empapelaran con insultos y que a su mujer, a sus hijos o a sus familiares más cercanos les gritaran cosas tan suaves como «criminales», «asesinos» o «hijos de puta». Es tan evidente lo que usted pensaría que no merece la pena que gaste más razonamientos en demostrarle su gravísimo error.

Así que, por la dignidad del cargo que se le otorgó, por la seguridad jurídica de todos los españoles, que se ve en peligro cuando el presidente del Tribunal Supremo cree que acosar a representantes legítimos de los ciudadanos e invadir su intimidad es un buen ejemplo de la libertad de manifestación, el señor Moliner tiene que dimitir. Y cuanto antes, mejor.

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