Chipre: La ley del embudo

getimageEl Ecofin, a finales de 2007, saludaba así la ampliación de la zona Euro a Malta y a Chipre: «Malta y Chipre, desde su acceso a la UE, han emprendido un extraordinario ajuste fiscal para alcanzar unas finanzas públicas “solventes” y “sostenibles” como requieren los criterios de convergencia de Maastricht». Y añadía que cumplen «las condiciones necesarias para ingresar en el euro a partir del 1 de enero de 2008».

Ironías del destino, la nota oficial del Ecofin, en el siguiente párrafo, sostiene: «Más ventajas de forma inminente: El euro seguirá llevando crecimiento y estabilidad a los dos estados insulares. Les ayudará a preservar la estabilidad de precios y les otorgará el beneficio de los históricamente bajos tipos de interés de la zona euro». Y continúa: «Impulsará el comercio exterior, al eliminarse los costes de transacción». (Esta nota de prensa todavía puede encontrarse en internet –en inglés– en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu/economy_finance/ focuson/ focu – son10520_en.htm).


Finales de marzo de 2013, Chipre, su economía y su sistema bancario están en quiebra, cuando hace sólo 5 años, según el Ecofin, gozaba de una excelente salud. Y en lugar de esas «inminentes ventajas», los chipriotas se encuentran hoy con una economía y un sistema financiero devastados por fuerzas que no comprenden y de las que no se sienten responsables. Y lo que es aún peor: el mismo Ecofin que decía a los chipriotas que sus ahorros y sus inversiones estaban mucho más seguras y garantizadas por la solidez del euro, ahora les dicen que, para mantener la solidez del euro, deben renunciar a parte de sus ahorros y parte de sus inversiones. En otras palabras, si quieren 10.000 millones de euros de dinero europeo para rescatar su sistema bancario, tendrán que renunciar a parte de sus ahorros o salir del euro.

Es cierto que el sistema bancario chipriota ha aprovechado a conciencia la ventaja de los «históricamente bajos» tipos de interés. Pero no es menos cierto que la deuda del sector público chipriota está en torno al 70% del PIB, y que el déficit está en torno al 6%. Esas cifras, comparadas con las que hoy muestran España, Italia e incluso Alemania, más que escandalosas son casi dignas de envidia, dadas las circunstancias. Luego el problema de Chipre no es tanto de exceso de gasto público. Es, más bien, un problema inherente al diseño del euro: para que una moneda no basada en activos tangibles (oro, divisas convertibles) sea estable, lo primero que hay que hacer es controlar la cantidad y la calidad de la deuda denominada en esa moneda (ya sea deuda pública o privada), y seguir siempre los mismos criterios, haga frío o calor, llueva, truene o nieve, sin ceder a coyunturas políticas o económicas. Esos criterios de estabilidad, los criterios de Maastricht, eran muy claros: deuda pública por debajo del 60% del PIB, inflación inferior al 3% y déficit público inferior también al 3%.

Y el primer país en incumplirlos fue, precisamente, Alemania, que presionó al BCE para bajar los tipos de interés cuando el estallido de la burbuja tecnológica hizo entrar en recesión a Alemania en 2001, elevando su déficit por encima del 3% y su deuda pública por encima del 60%. La Comisión Europea «estudió» hace más de diez años sancionar a Alemania por incumplir los criterios de Maastricht. Pero quedó sólo en eso, en «estudio». Mientras tanto, ese exceso de crédito barato del BCE provocó en países como España y Grecia una burbuja cuyas consecuencias estamos hoy sufriendo amargamente. Alemania fue la gran beneficiada de esa gran burbuja de crédito, que se dirigió preferentemente a España, Irlanda y Grecia, cuyas economías estaban en auge. Así, gracias al consumo de productos alemanes por parte de los países del sur, Alemania salió de su recesión. Pero hoy, 10 años después, le toca a Chipre pagar los platos rotos de la orgía de crédito barato impulsada por el BCE. El problema es que, cumpliendo (o, mejor dicho, incumpliendo) los criterios de Maastricht más o menos en los mismos términos que Alemania, para Chipre no habrá excepciones ni clemencia, como tampoco las ha habido para Grecia, para Italia, para Irlanda o para España. Es la ley del embudo que suelen aplicar los más fuertes a los más débiles o a los más pequeños. Y en el caso de Chipre, como es más pequeño que Grecia, y mucho más pequeño que España e Italia, la factura del despropósito en la gestión de la moneda única le llega con apremio, recargo, intereses de demora y, además, un embargo: el de los ahorros de los chipriotas. Esta última vuelta de tuerca que pretenden aplicar a Chipre los mismos que prometieron a los chipriotas todos los €uroparabienes, además de una grave injusticia, es también una tremenda irresponsabilidad: si algo impulsa todavía a los europeos a confiar en el euro y a mantener su dinero en los bancos es, precisamente, la norma sagrada de que los depósitos bancarios por debajo de 100.000 euros no se tocaban. La experiencia demuestra que no hay excepciones únicas: si se saquean las cuentas de los pequeños ahorradores en Chipre, nada garantiza que no se acabarán saqueando las de los ahorradores de otros países. Además, esta frivolidad puede provocar un grave conflicto con Rusia. Quizá el origen de los depósitos rusos en Chipre no sea todo lo limpio que debiera, pero Rusia no es Chipre, algo que parecen olvidar los capitanes del euro.

El BCE y el eurogrupo, liderado por Merkel, deben hacer honor a su palabra y a sus responsabilidades. Entre ellas estaba vigilar la estabilidad del euro. Y si no han sabido, querido o podido hacerlo, deben tratar a todos los países por igual: o se salva a todos los bancos quebrados en toda la zona euro, o se les deja quebrar garantizando, eso sí, el 100% de los depósitos por debajo de 100.000 euros. Personalmente, preferiría esto último, pero aplicado en todos los casos, porque la socialización de pérdidas, además de injusta, es irresponsable. Lo que nunca será legítimo es la aplicación de la ley del embudo: si no se deja quebrar a un banco o una caja francesa, española, italiana o alemana, salvándolas con crédito del BCE o con dinero del contribuyente europeo, ¿por qué no se hace lo mismo con los bancos chipriotas cuando, además, la factura es de «sólo» 6.000 millones de euros? ¿Sólo porque Chipre es un país pequeño?

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